La Asociación de Trabajadores Afectados por la Explotación de Procavi y Empresas Colaboradoras ha interpuesto las primeras demandas reclamando las cantidades y derechos derivados ante lo que consideran «el empleo fraudulento» de mano de obra «en condiciones de esclavitud».
Según un comunicado de prensa, los trabajadores afectados denuncian que “fueron engañados bajo el pretexto de un anuncio de lo que eran aparentemente cursos de formación normales, avalados por los Ayuntamientos”. Según la nota, todos los inscritos esperaban encontrarse con un aula dispuesta para la formación teórico-práctica, tras la cual dispondrían de alguna titulación válida al estar implicadas instituciones oficiales y el acceso a un contrato con la empresa, pero la realidad es que “a las pocas horas de incorporarse vieron cómo se les asignaba un código de empleado, un uniforme como el de cualquier otro trabajador y se les ponía en diferentes puestos de producción”, con la diferencia de “que no tenían salario ni oficialmente ninguna relación con la empresa, con las implicaciones de esto para la Seguridad Social”.
Este caso ha sido llevado a las instituciones judiciales por casi una veintena de trabajadores, que se consideran estafados y que solicitan los salarios adeudados por el trabajo que realizaron, así como que se cotice por el tiempo que estuvieron en la fábrica. En apenas unas semanas comenzarán los primeros actos de conciliación que se estipulan para este tipo de conflictos, por lo que, “si la empresa no se aviene a razones» se llegará «a los tribunales, donde el gabinete jurídico de la asociación demostrará con pelos y señales el carácter fraudulento de los supuestos cursos», se detalla, añadiendo que podría ello suponer «multas para la empresa por fraude a la Seguridad Social, a razón de 10.000 euros por trabajador», apunta.
La Asociación también reclama públicamente que las instituciones colaboradoras, los Ayuntamientos de Morón, de El Viso, Marchena, Lantejuela, Carmona, y la Junta de Andalucía, aclaren los motivos por los que han estado colaborando «con esta forma de esclavitud moderna» disfrazada en “cursos de formación”. Y esperan que la respuesta, «o su ausencia no confirme sospechas de que la ley no importa cuando se trata de los beneficios de los ricos”, finaliza.
