El grupo municipal de IU, en rueda de prensa, ha asegurado que se está generando “especulaciones y desinformación” entre los vecinos “por los retrasos en la entrega de la información”, destacando casos específicos “como un problema de salud pública y el nombramiento de la nueva tesorera”. También se acusa al alcalde de “distorsionar” la verdad respecto al articulado anulado de la ordenanza de ruidos. “Hace falta mayor transparencia” para evitar “rumores y garantizar confianza en la gestión pública”, se indica.
Para IU, fue una decisión «dictatorial por parte del alcalde» anular un artículo de la Ordenanza Municipal de ruidos, y que viene reforzada por la respuesta del Subdelegado del Gobierno «y que Gabi Santos vendió como una respuesta favorable a su gestión. La verdad es que el subdelegado no entró a valorar lo que denunciamos, y la realidad es que estima que vulnerar la Ley de Bienestar Animal no está entre las obligaciones de la Subdelegación del Gobierno. Algo increíble porque entre sus competencias está, precisamente, corregir decisiones locales que vayan contra leyes estatales. Creemos que, presuntamente, el Subdelegado prevarica, del mismo modo que lo hace el alcalde al anular una ordenanza sin tener las competencias», se señala.
Entiende el grupo municipal de IU que «debido a la lentitud del gobierno a la hora de responder a las solicitudes de información que realizamos desde la oposición, se producen desinformaciones y bulos. A nuestra solicitud de información sobre el procedimiento de contratación para cubrir el puesto de tesorero se tardó más de cinco días en responder, límite legal para responder a la oposición. Cuando se respondió, no se entregó toda la documentación y así pasaron semanas hasta que por fin la tuvimos toda».
Y ya con toda la documentación, IU asegura que el proceso «está lleno de irregularidades. El más grave es que se nombra a la nueva tesorera sin tener la habilitación nacional que conlleva ese puesto, un nombramiento que tiene que hacer la Junta de Andalucía, y que se produce casi un mes después de haber tomado posesión de su puesto, ya que toma posesión el 1 de agosto y no es habilitada por la Junta de Andalucía hasta el 27 de agosto».
